Las nuevas agencias tecnológicas y los grandes fondos para infraestructuras digitales deben focalizarse en las regiones de menos riqueza
No es materia discutible que España lidera en Europa la lucha contra la desigualdad digital territorial en el ámbito de la conectividad. Por entresacar tan solo un dato recogido en el último informe sobre la cobertura de banda ancha en la Unión Europea, mientras que la cobertura media de redes fibra en el entorno rural en España alcanza casi el 70%, en Alemania tan sólo llega al 10% y en Francia al 30%. Es más, la cobertura en ámbito rural en España incluso supera ampliamente la cobertura media de redes de fibra en todo el territorio de Alemania, apenas el 15%. Las infraestructuras de red actúan así de instrumento para dotar de igualdad de oportunidades a toda la población y favorecer su desarrollo económico.
La alta disponibilidad de conectividad en todo el territorio es un paso relevante para asegurar una transformación digital justa, sin desequilibrios geográficos. Ha sido importante para ello seguir el criterio de la Comisión Europea, priorizando el despliegue en las denominadas zonas blancas. Los grandes proyectos TIC, las inversiones en I+D y la dotación de fondos para emprendimiento digital sigue concentrándose, principalmente, en Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco. Es necesaria mayor intervención pública para extender la ciencia y tecnología en las áreas con mayor disparidad de bienestar económico, cuyo catálogo menos arbitrario nos lo da las zonas señaladas como preferentes por la Comisión Europea en su mapa de ayudas regionales, el ultra periférico archipiélago canario y las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, y las ciudades de Ceuta y Melilla.
