Entre las barreras para avanzar, figura la dificultad de regular una tecnología que se desarrolla más rápido que la normativa
Estamos ante la oportunidad de acelerar algo que lleva años generando gran cantidad de titulares en España: la implantación de la inteligencia artificial (IA) en todo el tejido empresarial. La adopción de la IA por parte de grandes entidades demuestra que, a diferencia de otras tecnologías disruptivas que todavía están en proceso de demostrar su impacto real en los negocios, la IA ya se ha consolidado como un habilitador y acelerador de la transformación y competitividad de las empresas.
Esta oportunidad, dado el contexto actual, se puede canalizar y abordarse de manera más eficiente a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y bajo la tutela de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (Aesia), que deberían dotar de inversión la democratización de la IA en España. Y hacerlo además de manera alineada con la futura AI Act europea, consolidando de esta manera la seguridad jurídica de la implantación de la IA en el tejido productivo español. En este contexto, la Administración central espera que para 2030 el 75% de las compañías españolas ya cuenten con programas de aplicación de IA. Y esto, en un sistema productivo como el español, con un alto porcentaje de pymes, no es baladí.
