El pasado 15 de octubre de 2021 entró en vigor la prioridad 3 de la Ley de Responsabilidad Medioambiental 26/2007. Este hecho supone que muchas empresas del sector industrial deberán elaborar un análisis del riesgo medioambiental (llamado ARM) sobre la actividad que desarrollan y, en consecuencia, estarán obligadas a contratar la garantía financiera establecida por ley.
En concreto, se trata de la incorporación de 10 nuevos sectores y de 68 nuevas actividades consideradas por el marco normativo como actividades con potencial daño medioambiental Estas actividades vienen definidas en el ANEXO III de la mencionada ley. En ella, están incluidas las empresas del sector de la industria química, agroalimentaria, de transformación del metal e, incluso, el sector textil. Estas sociedades deberán hacer el correspondiente análisis de riesgos medioambientales y, en función del resultado cuantificado, deberán constituir la garantía financiera obligatoria.
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